ENEl gobierno triplica los decretos de exención en un periodo de dos años
El año pasado, el gobierno aprobó 3,518 decretos para conceder exenciones contributivas bajo las leyes de exportación de servicios y de entidades financieras internacionales, así como aquellas que redujeron los impuestos que pagan los médicos o que eximen del pago de contribuciones a individuos de alto caudal que se mudan a la isla.
De acuerdo con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, en el 2018 –dejando a un lado el año del huracán María–, las nuevas iniciativas de promoción empresarial y la agilidad impartida por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) en el trámite de estos acuerdos contribuyeron a duplicar el número de autorizaciones a empresas dedicadas a la exportación de servicios y en proyectos de manufactura.
En el caso de los médicos residentes de la isla, para el 2017, 436 de estos profesionales decidieron acogerse a la Ley 14 de 2017. El estatuto fijó la tasa contributiva que pagan ciertos médicos cualificados en 4% –o sea, unos cuatro centavos de cada dólar de ingreso sujeto a tributación– y también les exime de pagar impuestos sobre los dividendos que generen por concepto de inversiones hasta un máximo de $250,000.
En el 2018, de todos los decretos otorgados por el DDEC, unos 2,096 fueron a médicos cualificados, lo que equivale a seis de cada 10 decretos, según datos oficiales.
“Hay un poco de todo, pero ciertamente, la efectividad en la actividad de promoción que se ha hecho, los instrumentos que se han validado y se han creado en el DDEC –como el Portal Único de Negocios–, los cambios en política pública y el compromiso de ejecutar sobre todo ello, son la razón por la que vemos todas estas cosas”, dijo Rosselló Nevares cuando El Nuevo Día preguntó acerca de los factores que explican la ola de decretos.
Regresa a la Legislatura
La tendencia en el número de decretos otorgados el año pasado, no obstante, podría mostrar un panorama distinto ahora que Rosselló Nevares presentará un nuevo proyecto de ley para adoptar el Código de Incentivos Contributivos de Puerto Rico.
Este sería el segundo intento del mandatario y del secretario del DDEC, Manuel Laboy, para medir y uniformar la forma en que se evalúa y se invierten fondos públicos en diversos sectores económicos. La expectativa es que al inyectar dinero de manera directa a alguna empresa o concediendo una exención del pago de impuestos se genere mayor actividad económica y ello redunde en la retención de empleos existentes y la creación de nuevos puestos.
Ni Rosselló Nevares ni Laboy precisaron cuándo la nueva versión del proyecto de ley que crearía el nuevo Código de Incentivos llegará a la Legislatura.
Lo que Rosselló Nevares sí dijo es que con la iniciativa, Puerto Rico tendrá la oportunidad de conocer claramente en qué se invierte el dinero de los contribuyentes y ello, a su vez, se convierte en un referente para empresas o individuos que buscan invertir en las jurisdicciones más idóneas.
“Cuando uno tira a oscuras, y en parte esto va con el Código de Incentivos, lo más seguro es que falles en más ocasiones de las que aciertas. Pero veo que ahora, con estos instrumentos, los nuevos mercados que estamos atrayendo que hacen de Puerto Rico un destino, y el Código de Incentivos, no es que no se van a cometer errores, es que tendremos un instrumento para ver cuál es el resultado de nuestras acciones, para darle continuidad, para ajustarnos a un mundo económico que cambia rápidamente”, subrayó el mandatario.
“Si nos quedamos en el sistema arcaico de decretos a puertas oscuras, sin validación, sin rendición de cuentas, entonces estamos destinados a fallar”, añadió.
El año pasado, Rosselló Nevares cimentó su proyecto de reforma contributiva en modificar y agrupar una plétora de leyes que otorgan incentivos, créditos y otros tratamientos a empresas locales e internacionales con sede en la isla.
Pero en aquel momento, la discusión pública y legislativa pareció centrarse en las leyes de incentivos que se eliminarían y en cómo se financiaría la llamada reforma contributiva.
¿Por qué cambiar?
De acuerdo con Laboy, las preocupaciones técnicas que surgieron el año pasado fueron corregidas y, además, se hicieron nuevos cambios que responden al perfil de empresas e individuos que ahora tocan a la puerta del DDEC con la expectativa de domiciliarse en la isla.
Por ejemplo, Laboy explicó que en el pasado año, Puerto Rico captó el interés de individuos y firmas vinculadas al mundo de los servicios financieros (Fintech), el blockchain y las criptomonedas.
Laboy explicó que sobre 147 de las 800 solicitudes para decretos que el DDEC recibió el año pasado estaban vinculadas con empresas de tecnología y administrativas dirigidas a ofrecer soluciones de servicios financieros.
Entre los cambios que se verían en el Código de Incentivos, dijo Laboy, figura afinar el lenguaje de las actividades financieras elegibles para que incluya las criptomonedas en la definición de activos alternativos.
De acuerdo con Laboy, empresas como HoneyWell, Pratt & Whitney y HP han ampliado la diversidad de sus operaciones suscribiendo nuevos decretos, gracias a enmiendas que facilitan el desarrollo de operaciones de servicios compartidos o shared services.
Pero además, según el jefe del DDEC, los criterios de biculturalidad y bilingüismo que exhibe el talento humano en la isla han permitido que la isla también comience a ser sede de actividades relativamente menos sofisticadas, pero intensivas en fuerza laboral, como es el caso de los centros de llamadas de servicio a clientes. Solo en ese nicho se comprometieron unos 4,000 empleos el año pasado, aseguró el funcionario.
Laboy adjudica el alza en aprobaciones de decretos contributivos a la nueva solución informática del DDEC, que permite solicitar los permisos para establecerse en laisla y los beneficios de las leyes de incentivos al mismo tiempo, a la creación de un consejo para promover el blockchain y a la nueva herramienta de promoción, Invest Puerto Rico.
Rendir cuentas
Puerto Rico incentiva la actividad privada, tanto de individuos como de empresas por múltiples vías.
En algunas ocasiones, aunque el fisco está en aprietos desde hace más de una década, el gobierno invierte aportando efectivo. Ese es el caso de los reembolsos que se pagan a personas o empresas que compran equipos de energía renovable o cuando el gobierno aporta una parte del pago de salarios en sectores como la agricultura o los hospitales.
En otras instancias, el gobierno invierte permitiendo que el beneficiario tome un crédito contra lo que debe pagar en impuestos y también es común que se reduzca la tasa contributiva a pagarse o incluso, se eximan de impuestos ciertas actividades o las ganancias que se obtengan hasta cierto límite.
Según Laboy, aunque en los pasados años surgieron diversos estudios, no ha sido hasta ahora que se ha desarrollado un método uniforme para saber cuánto cuesta cada actividad promovida por el gobierno.
“Miramos las mejores prácticas desde la perspectiva del contribuyente”, dijo Laboy, al indicar que el método de evaluación de incentivos fue desarrollado con el apoyo de las empresas V2A y PricewaterhouseCoopers.
En síntesis, el método para saber cuán efectiva es la inversión del gobierno consistirá de ciertas variables, como cuánto dinero circulará en la economía –lo que incluye las empresas y los hogares– y cuántos recaudos recibe el erario versus el ingreso que el fisco dejará de recibir por promover una cierta actividad económica.
El análisis de esas variables resultará en una relación de beneficio a costo. Lo más beneficioso sería que Puerto Rico recupere cada dólar otorgado a algún sector económico y además, reciba rendimientos por encima de esa inversión.
En dólares y centavos, cada año, Puerto Rico paga unos $600 millones a diversas actividades, explicó Laboy.
Según Rosselló Nevares, siempre habrá inversiones del Estado que no podrán medirse en dólares y centavos porque estas responden a fines sociales. Ese sería el caso de la agricultura, en la cual un beneficio no monetario se centra en fortalecer la capacidad de las empresas locales para sustituir las importaciones de alimentos. En el caso de los médicos, según el Ejecutivo, el objetivo es que estos presten servicios en la isla.
Lo bueno y no tan bueno
Según la metodología adoptada por el DDEC, hay ciertas actividades con las que la economía recibe el beneficio de cada dólar invertido por el Estado.
Ese es el caso del sector turístico cuando se trata del nicho de cruceros, ciertos incentivos de manufactura y cuando se trata de empresas puertorriqueñas que exportan sus servicios o productos a mercados fuera de la isla.
En el lado opuesto, el gobierno invierte demasiado en relación a lo que obtiene. En esa lista, según el análisis del DDEC, figuran los incentivos al cine, los incentivos para controlar el precio de la leche, el pago de subsidios para salarios en hospitales y en el sector agrícola, al igual que los fondos que se desembolsan por proyectos de energía renovable, y el fomento del redesarrollo de los centros urbanos.
A preguntas de El Nuevo Día en torno a cuánto dinero deja de recibir el fisco por promover todas estas actividades, Rosselló Nevares y Laboy no ofrecieron respuestas precisas.
Sin embargo, entendidos en el tema de rendimiento de inversión del Estado en actividades empresariales han explicado a este diario que, cuando se analizan las cerca de 70 leyes de incentivos y tratamientos especiales que otorga Puerto Rico, cada año, el saldo de estas iniciativas es negativo al fisco en una cantidad que podría rondar entre $2,000 y $3,500 millones al año.
Autora: Joanisabel González